El Comité Intergremial del Atlántico se mostró en desacuerdo en que el Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asuma la operación de la Triple A, luego que la Fiscalía General de la Nación decidiera incautar las acciones de la empresa española Inassa, en Barranquilla, donde la compañía presta el servicio al igual que en otros 14 municipios del Atlántico.
El presidente del Intergremial, Ricardo Plata Cepeda, sostiene que la toma de posesión de Triple A por parte de la Nación, en últimas, es un despojo contra Barranquilla y el Atlántico.
La Fiscalía embargó el 82,16% de las acciones de la Sociedad por un escándalo de corrupción, con un valor de $202 mil millones, al 31 de diciembre de 2017, mientras la Alcaldía de Barranquilla tiene el 14,5% de la propiedad y un 3,34% es de inversionistas minoritarios privados.
“Dejar a la Triple A en manos de la SAE, vía extinción de dominio, pone en riesgo la estabilidad financiera, administrativa y operativa de la empresa por lo cual representa una grave amenaza de perder la calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que han sido modelo a nivel nacional”, advierten los gremios económicos de Barranquilla.
Una de las tantas solicitudes de los gremios es que lo procedente, si se comprueban los hechos punibles, es adelantar acciones para identificar las conductas ilícitas y a sus autores, e imponer las sanciones a que hubiera lugar, dejando la posibilidad del resarcimiento económico de los perjuicios sufridos por los afectados, en este caso Triple A y sus socios.
Plata Cepeda sostiene que frente al actuar de personas naturales, puede existir responsabilidad patrimonial, no penal, de las empresas a las cuales estaban vinculadas.
“Si se demuestra el daño, el único tipo de reparación aceptable para nosotros como usuarios de Triple A es la inversión en la empresa misma, que necesariamente redunda en un fortalecimiento del servicio. Que la nación se apodere de la empresa arbitrariamente y que, además, le entregue las acciones a la SAE, que no inspira confianza ni tiene ninguna capacidad de manejo de servicios públicos, resulta inconcebible para los sectores productivos de la ciudad y del Departamento, donde Triple A administra con lujo de competencia los de acueducto y alcantarillado en 14 municipios”, dice el Comité.
Ante esta posición de los gremios económicos, el Ministerio de Hacienda le salió al paso y señala que ante la orden de embargo y secuestro por parte de la Fiscalía General de la Nación de la participación accionaria de Inassa en la Triple A, se implementarán varias acciones.
El Ministerio revela que la SAE S.A.S, adscrita a esta cartera, implementará las medidas que resulten necesarias para la administración de esta participación accionaria, de tal manera que los usuarios de la empresa continúen disfrutando del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en debida forma.
Texto: Jorge Montaño Acosta
Foto: Cortesía Triple A