En la conmemoración del “Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado”, la CGR señala riesgos y cuellos de botella contra los recursos públicos destinados a la restitución de derechos y reparación de las víctimas.
En su función de fiscalización a los recursos de la Ley de Víctimas, la Contraloría realizó 32 ejercicios desde 2012 hasta 2019 hallando posibles detrimentos patrimoniales por $35.941 millones, por lo que el órgano de control reitera que la Ley de Víctimas está desfinanciada.
La CGR calcula que hasta el 2030 el Gobierno debe invertir unos $357 billones para los más de 9 millones de colombianos incluidos en el Registro Nacional de Víctimas y las mayores inversiones están relacionadas con los temas de vivienda (cerca de $24 billones) y alimentación (por un monto similar).
También ha advertido que los decretos leyes étnicos se encuentran desfinanciados y hay más de 483 sujetos étnicos, de los cuales solo el 10% ha sido reparado, manifestó el Contralor Delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón.
Resultados del acompañamiento fiscal a la Ley de Víctimas
Hallazgos del Control Fiscal Micro
En el marco del seguimiento y monitoreo a esta política pública, la Contraloría ha realizado en el período comprendido entre 2012 – 2019, alrededor de 32 auditorías a las entidades responsables, 48 actuaciones especiales y 153 ejercicios de seguimiento a nivel territorial, con resultados de posibles detrimentos patrimoniales por el orden de $35.941 millones, que son materia de investigación.
Y se realizó una Auditoria Financiera a la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, en la cual, se establecieron 11 hallazgos administrativos, de los cuales 2 tienen incidencia disciplinaria.
Para el 2020 y lo que va de 2021, se realizaron:
*Auditoría de Cumplimiento sobre Indemnización Administrativa que estableció 18 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen incidencia disciplinaria y 1 es de carácter fiscal, con un presunto daño patrimonial calculado de $7,4 millones.
*Auditoria de Cumplimiento sobre Subsidios de Vivienda Rural entregados por el Banco Agrario de Colombia (BAC), que estableció 23 hallazgos administrativos, de los cuales 20 tienen presunta incidencia disciplinaria y 11alcance fiscal, determinándose un daño patrimonial por un total de $5.531 millones. Y se solicitó la apertura de seis indagaciones preliminares.
*En 2021 se está desarrollando, en el primer semestre, una auditoría financiera a la UARIV (Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas), y una Actuación Especial a Fonvivienda sobre la legalización de los Subsidios del Programa Bolsas Anteriores.
Seguimiento a la Política Pública de Víctimas y Restitución de Tierras
En el seguimiento realizado a la Ley 1448, los Decretos leyes de víctimas étnicas y el seguimiento en territorio, se tienen resultados como:
*Ley 1448:
-Se ha identificado reiterativamente la insuficiencia de recursos para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley. En 2020 se evidenció un valor de recursos requeridos para ejecutar la misma a 2031 del orden de $357,4 billones de pesos.
-Medidas como indemnización administrativa y colectiva, requieren un valor de $48,7 billones. Para cubrir esta medida en 10 años, la inversión anual debería estar por $4,8 billones. Por monto le sigue la medida de vivienda con $26 billones, alimentación con $24,8 billones (15,5%) y le sigue retornos y reubicaciones con $20,5 billones (13%).
*Decretos leyes de víctimas étnicas (4633, 4634 y 4635 de 2011)
-Deficiencias en el presupuesto para los retornos y reubicaciones de las comunidades étnicas. La UARIV asigna un 7% ($3.366 millones en 2019) de los recursos disponibles para garantizar la estabilización de los pueblos étnicos retornados y los mismos, no se ejecutan en su totalidad.
-De 483 sujetos de reparación colectiva étnicos, solo el 10% se encontraba en implementación y ninguno de ellos había terminado su proceso. Se calculó que el valor requerido para la implementación de los planes de reparación colectiva para estos sujetos era de $1,6 billones.
-421 sujetos étnicos se encontraban pendientes de indemnización colectiva. Se calculó que el valor requerido para indemnizar a estos sujetos era de $ 120 mil millones.
*Seguimiento en territorio -Para la vigencia 2020, con un énfasis en la ejecución de recursos, se realizó seguimiento a 80 municipios PDET y durante la presente vigencia se espera visitar estos mismos municipios y adicionalmente realizar seguimiento sobre 35 municipios nuevos.