Tanto la empresa Air-e como Afinia, entraron a operar el 1 de octubre del 2020, cumplieron ya un año de gestión.
Ellos recibieron la empresa con los siguientes índices de gestión:
Concepto AIR-E AFINIA
Inv.realizar 10años$bill 3,7 5,0
No. Clientes millones 1,2 1,5
Ventas año Gwh 6,0 6,4
Consumo promedio Kwh 414,7 355,1
Kms redes 9.616 27.815
%Recudo 71 75
% pérdidas de energía 35 30
Pérdida mensual mil 60.000 50.000
Inversión 2021 $mill* 400.000 700.000
Factura mensual $mill 190.000 250.933
*Recursos que pensaban invertir en el 2021.
Aquí nos centraremos en analizar los compromisos adquiridos por la empresa Air-e y evaluar sus resultados del 1 de octubre al 31 de diciembre, pero al no contar con los estados financieros de ese período tendremos que recurrir a las declaraciones dadas por su gerente, sin que podamos verificar su autenticidad. Eso no pasa en el caso de Afinia, que sí hizo público su balance a 31 de diciembre del 2020, debidamente auditado dándole cumplimiento a la directriz de la SSPD.
Con Air-e, a pesar de haber impetrado un derecho de petición, no ha sido posible porque su respuesta al mismo fue que ellos, por ser una empresa privada no pueden entregar información considerada confidencial. Desconocen la normatividad existente, sin que la SSPD los requiera a publicar sus estados financieros debidamente auditados, tal como nos lo comunicó la misma SSPD, en respuesta al derecho de petición que le hicimos.
La SSPD, afirma lo siguiente: “…el artículo 53 de la Ley 142/94 habilitó a la SSPD para establecer los sistemas de información que deben organizar y mantener actualizadas las empresas de servicios públicos para que su presentación al público sea confiable. La norma en cita dispuso “que la evaluación que realicen los auditores externos deberá ser publicada por lo menos una vez al año, en un medio de comunicación del territorio donde presta el servicio o en su página Web añadimos nosotros”.
Igualmente, el numeral 11 del artículo 79 Ley 142/94, modificado por el artículo 13 de la Ley 689/01, señala como función de la SSPD, evaluar la gestión técnica, administrativa y financiera de las empresas sujetas a control y vigilancia y “proporcionar en forma oportuna toda la información disponible a quienes deseen hacer evaluaciones independientes” a pesar de disponer la Ley que la SSPD sí puede entregar la información de los índices de gestión de las empresas que entre comillas controlan, no lo hacen, lo que imposibilita el control ciudadano sobre estas empresas que hacen lo que quieren, no invierten lo que les corresponde para garantizar una buena prestación del servicio tal como sucedió con Electricaribe.
Pero en Colombia no hay entidad de control que sancione a la SSPD, como a las empresas de servicios públicos domiciliarios por no cumplir con sus funciones. Es bueno aclarar que la Triple A, como Electricaribe, publicaban sus estados financieros auditados en su página Web.
EN OCHO MEESES AUMENTARAN LA TARIFA EN UN 43%
Mientras el salario a los pensionados se les aumento en el 1.66%, y al resto de trabajadores, el 5%, la tarifa de energía la aumentaran del mes de agosto 2021 a marzo del 2022, en el 48% (783.95/529,87).
Regresando al cuadro anterior, el compromiso de Air-e es el de invertir en el año 2021 la suma de $400.000 millones, en un supuesto plan de inversiones aprobados por la CREG, que no conocemos y que le permitió que la tarifa en 8 meses llegue al techo de $783,95 por kilovatio hora consumido, tarifa que han venido incrementando el 3.8% a los estratos 5 y 6, y un 7,5% mensual al estrato 4, tal como lo demostramos en un reciente escrito sobre el tema.
Como el valor del kilovatio para el estrato 5 y 6, en el mes de septiembre, fue de $591,57, eso quiere decir que para llegar al techo $783.95, hacen falta $116,95, los cuales se irán aumentando mensualmente hasta alcanzar el valor esperado autorizado por la CREG.
Todo este aumento se dio gracias a los parlamentarios del Caribe, que aprobaron el aumento de esa tarifa en el plan de desarrollo 2018-2022, en su artículo 318, ya llevan dos meses aumentando la tarifa.
EL ROBO MÁS GRANDE COMETIDO POR AIRE Y AFINIA GRACIAS A LA CREG Y A LOS PARLAMENTARIOS AL OBLIGARNOS A PAGAR $247.23 POR ROBO DE ENERGÍA.
En mi vida profesional vinculado al sector de la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, había visto que la entidad controladora (CREG) premiara la ineficiencia de una empresa reconociéndole un valor extraordinario al ya reconocido en todo el país ($42,49), de $204 por cada kilovatio hora que no se factura. Es un sofisma de distracción lo que afirma la CREG, que en la medida que la empresa va mejorando sus niveles de pérdida de energía, el costo de la variable PR, ira bajando. Bien sabemos nosotros que en nuestro país todo lo que sube de precio difícilmente baja.
Es bueno aclarar que los señores de Air-e y Afinia sabían de antemano cuales eran las condiciones en que se encontraban los índices de gestión de Electricaribe, en pérdidas de energía entre 30 y 35%, en recaudo entre el 71 y 75%, igualmente sobre la mala calidad del servicio, por la falta de inversión de Electricaribe, respaldada por la SSPD, Ministerio de Minas y Energía y la CREG, como los organismos de control.
De acuerdo a las actuaciones de la SSPD y la CREG, no dudamos que harán lo mismo con estas dos empresas, a las que le concedieron en poco tiempo todo lo que pedía Electricaribe y que nunca se le otorgaron aumento de tarifa y reconocimiento por las pérdidas de energía.
Para que entiendan lo que significa para cada usuario el impacto del aumento exagerado en el rubro que aparece en el recibo con la sigla PR (pérdida de energía) que pasó de $41,21 en julio a $42,49 en agosto, y en septiembre a $247,23 pesos por kilovatio. Es decir, de la noche a la mañana ese costo lo multiplicaron por 5,8. La relación PR pasó de participar en el valor del kilovatio del 7,3%, al 41,8%, un salto gigante que no tiene explicación alguna.
En otras palabras, pagamos más por las pérdidas de energía que por lo kilovatios que compra Air-e y Afinia a los generadores. Esto es un robo descarado que les hacen a los usuarios y, por supuesto, un signo de corrupción por parte de los parlamentarios del Caribe, principalmente los del Atlántico y la CREG, que autorizaron el alza de la tarifa y el reconocimiento a las pérdidas de energía, sin que las empresas hayan ejecutado su plan de inversión de 10 años que está estimado en $3,7 billones, y que para el 2021 esperaban invertir $400.000 millones, de los cuales, a la fecha, según declaración que me diera la SSPD en el derecho de petición anteriormente nombrado, Air-e solo ha invertido $8.897 millones y Afinia, incluyendo recursos del CONPES 3966, la suma de $10.706 millones. Cifras muy lejanas de lo prometido a invertir, y difícil de cumplir en lo que resta del año.
La SSPD aduce que esas inversiones se han demorado porque la Resolución de la CREG aprobando el Plan de Inversiones, solo quedo en firme en el mes de julio de este año mediante la Resolución CREG 078 de 2021. Esa no puede ser una excusa válida para no invertir, porque ellos, al comprar esas empresas sabían de antemano que para mejorar los índices de gestión tenían que invertir.
En síntesis, seremos los usuarios los que paguemos vía tarifa las inversiones que realizaran, si es que las ejecutan.
LA TARIFA DEL CARIBE VERSUS LA TARIFA EN BOGOTÁ
En la exposición de motivos del Plan de Desarrollo 2018-2022, plantean como argumento para aumentar las tarifas en la Costa Caribe, que el nivel de las tarifas en la Costa es inferior a la tarifa aplicada en Bogotá y otras ciudades del país. Con base en esa afirmación, decidieron aprobar el artículo 318, imponiendo un régimen tarifario especial para los caribeños para nivelar la tarifa con la del resto del país.
Si bien es cierto que las tarifas nuestras son inferiores a las de Bogotá, Medellín y Cali, a los parlamentarios se les olvidó algo importante y elemental, que para que tengamos un nivel de vida similar al que disfrutan en el interior del país, nosotros tenemos que consumir el triple de lo que consumen en esas ciudades.
A manera de ejemplo, le pongo un caso de estrato 6, en Bogotá (un senador), consume en promedio mensual 317 kilovatios que al multiplicarlo por la tarifa de septiembre, $583,73, paga $185.042. Una persona de estrato 5, en Barranquilla que consume 951 kilovatios utilizando un solo aire acondicionado, paga $555.127, tres veces lo de Bogotá, con un nivel de vida inferior.
En Cali, una familia de estrato 5 consume 153 kilovatios, y en Dos Quebradas, Risaralda, consume 90 kilovatios y en Medellín unos 130 kilovatios, mientras nosotros consumimos tres o cuatro veces más, debido a la alta temperatura.
Esto tan elemental se les pasó a los padres de la patria, que en la Región Caribe se necesita utilizar tipos de ventilación y electrodomésticos que consumen energía.
Los señores de la CREG, como los parlamentarios caribeños, no aplicaron un principio económico que quién más consume debe pagar un menor valor. El mundo al revés.
EL REGALO DE LA CARTERA Y VEINTE DÍAS DE LA FACTURACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
Extraoficialmente sabemos que Air-e pago por su mercado $283.000 millones, según declaraciones de la gerente de Enerpereira a un medio de esa ciudad. Lo que pagó Afinia, no lo conocemos. Creemos que EPM, por su mercado, lo máximo que pagaría serían unos $320.000 millones, lo que significa que entre ambas pagaron por Electicaribe la suma de $603.000 millones, cuando invertimos por recuperar esa empresa alrededor de $7 billones. Negocio redondo del gobierno Duque.
No contentos con el valor que recibieron por la venta de las acciones de Electricaribe, dinero el cual el gobierno debe reconocerle el porcentaje que poseen en esa empresa los españoles, de acuerdo al fallo arbitral en la CIADI. Fallo que el gobierno quiso presentar como exitoso al no concederle las pretensiones que aspiraban los españoles, como tampoco reconocieron las pretensiones de Colombia, pero sí los obliga a reconocerle el valor que les corresponde por esa venta. En síntesis, los españoles salieron con plata.
Lo que no tiene explicación alguna en esta negociación, fue el regalo de navidad que le diera el presidente Duque, a través de la gerente Ángela Patricia Rojas, de entregarle la cartera de $2 billones y 20 días de facturación consumidos del mes de septiembre que valen $300.000 millones. Sobre este punto le hemos pedido en varias ocasiones, a la PGN, la FGN y la CGN, investigaran ese tema, sin obtener respuesta alguna por parte de esos organismos.
Es bueno aclarar que en la privatización de las antiguas electrificadoras de la costa, no se cedió la cartera, ni le regalaron días de facturación. Las empresas en liquidación se encargaron de cobrar esa cartera, con personal nombrado por la SSPD, que en ese entonces tenía intervenida las empresas.
En respuesta recibida de la SSPD, ante la pregunta de ¿Por qué cedieron esa cartera sin costo alguno?, dicen “que la gerente liquidadora podrá suscribir contratos con terceros para el cobro de la cartera”. Concepto que compartimos, pero lo que no podía hacer la gerente liquidadora es entregarle a un tercero esa cartera (Air-e-Afinia) en forma gratuita.
Cosa distinta es que la gerente liquidadora acordara mediante un contrato reconocerle a esas empresas un porcentaje por la cartera recuperada.
Igualmente, la gerente liquidadora tenía que acordar con Air-e y Afinia, la devolución de los 20 días de factura correspondientes al consumo del mes de septiembre, energía que compró o pagó Electricaribe en liquidación, girándole a la empresa en los recursos recaudados, menos el porcentaje acordado para cobro. Eso era lo que se tenía que haber hecho, pero no se hizo, y se la entregaron totalmente a sabiendas que de esa cartera la corriente (90 días) es fácil de recaudar.
Ambas empresas empezaron a operar desde el 1 de octubre del 2020, lo que significa que su primera facturación debería correr a partir de esa fecha, y cobrarla en el mes de noviembre.
Aquí lo que se ha dado ha sido un negociado, donde se invierten $7 billones, se vende en $603.000 millones, y para que trabajen bien, les adicionan $2 billones por cartera vencida y veinte (20) días de facturación que valen $300.000 millones.
Para el gobierno hubiera sido mejor no hacer una subasta, no invertir los $7 billones y decirle a los interesados que les regalábamos la empresa. O incluir en los pliegos que la negociación incluía la entrega de la cartera vencida y, por supuesto, los 20 días de facturación de septiembre. Con ese gancho de pronto se presentarían otras empresas.
Ver para creer. Seguimos sin conocer por parte del gobierno el valor de esta negociación.
Por Jorge Vergara Carbó
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