La polémica reforma a la llamada Ley de Garantías se cayó por vicios de constitucionalidad en su trámite ante el Congreso, fallas de las que se había alertado desde finales de 2021.
Un aspecto muy importante de esta decisión, es que había cambiado los parámetros para las elecciones de este 2022, por lo que tendrá retroactividad. Eso quiere decir que los contratos que se hayan firmado en este tiempo, deben reversarse. O sea que, si hubo desembolsos de dinero, esos fondos deberían reembolsarse nuevamente; un tema delicado, si se tiene en cuenta que en este tiempo se han movilizado y firmado 645.495 contratos por $52,3 billones y que están bajo la lupa de la Contraloría.
La magistrada Diana Fajardo fue la ponente que tumbó la norma con una votación de 8 a 1, y son tales las implicaciones de esta decisión que el alto tribunal publicará en los próximos días unos parámetros sobre cómo se deben retroceder los convenios ya firmados.
Una ley estatutaria solo puede ser modificada con un trámite de la misma categoría, y no con una reforma.
Edición: Gustavo Enrique Bossio Jiménez
Foto: ambitojuridico.com