El 6 de febrero se publicará un informe de mucha importancia titulado “Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el post Acuerdo”, que fue redactado por investigadores de 11 centros de pensamiento e instituciones de educación superior.
Lo primero que se resalta es que el exterminio sistemático de líderes sociales se profundizó en Colombia después de la firma del Acuerdo de paz de La Habana entre las extintas FARC y el Estado colombiano en cabeza del expresidente Juan Manuel Santos.
La clave está en que los Acuerdos tienen acápites que buscan ampliar la participación política de movimientos alternativos al de los implementadores del modelo hegemónico, neoliberal y anti democrático vigente en Colombia.
Dice al respecto Camilo Bonilla, coordinador de la investigación: “Algunas personas y familias pertenecientes a determinados sectores del poder político u económico que históricamente han transitado entre legalidad e ilegalidad y que sienten amenazada su posición privilegiada y por eso acuden a los grupos armados para, mediante actos crimínales, mantener esa posición.” Con estos crímenes, esos grupos buscan neutralizar cualquier intento de transformación social, política y económica en Colombia.
También se denunciará que unos sectores estatales y algunos funcionarios públicos estigmatizan o dan declaraciones en que se estigmatiza a los defensores de DDHH y a líderes sociales y a que algunos poderosos medios de comunicación replican dichas versiones tergiversando la verdad.
Hay una concordancia entre la falta de implementación integral del Acuerdo en el postconflicto, la ausencia del Estado en la mayoría de las zonas dejadas por las FARC y la sistematicidad de los ataques a líderes sociales en esas zonas.
La entrevista publicada en El Espectador a Camilo Bonilla el 20 de enero en un avance del informe que tanto esperamos para que por fin el gobierno colombiano inicie una política de investigación y captura de los autores intelectuales y materiales de estos crímenes sistemáticos contra luchadores populares inermes y desarmados qué pasa de los 400 asesinatos. La Corte Penal Internacional tiene su mirada puesta en Colombia.
Rafael Rodríguez Mesa
Foto: verdadabierta.com